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Un total de 60 voluntarios están participando en estas segundas sesiones de formación que se están realizando en las instalaciones de la base «General Menacho» (Bótoa, Badajoz), donde hay 30 participantes de la comarca, y en Navalmoral de la Mata (Cárceres), donde se formará el resto del personal el 20 de febrero. Estos participantes se suman a los 62 voluntarios que ya recibieron formación en las primeras sesiones que se celebraron a finales del año pasado.
Algunos de los temas que se abordan en la formación son los tipos de Equipos de Protección Individual (EPI) y materiales, la preparación de las soluciones, la gestión de los residuos, el montaje y desmontaje de los equipos y la desinfección de las salas y pasillos de la ruta de descontaminación.
La formación corre a cargo de personal especializado en NBQ (Defensa Nuclear, Biológica y Química) de la 11ª Brigada, que ha llevado a cabo la desinfección de 150 residencias en Extremadura desde el inicio del estado de alarma en marzo de 2020.
Trabajar en España
El control de la emergencia, en efecto, debe encomendarse a una pluralidad de órganos de diversa naturaleza. Ello permite, en primer lugar, la extensión efectiva del control a todos los intersticios del concepto de emergencia, cualquiera que sea la naturaleza y el alcance de la medida en que se concrete. La distinta naturaleza de los órganos de control permite, en segundo lugar, afrontar el control de las medidas de emergencia desde perspectivas muy diferentes. La multiplicidad de órganos de control, en tercer lugar, dificulta los posibles intentos de dominar o silenciar todas las reacciones contra los posibles abusos en la invocación injustificada de la emergencia, o en la concreta adopción y determinación del alcance de cada una de las medidas de esta naturaleza.
Algo ligeramente distinto ocurre con la prórroga del estado de alarma: esta función también corresponde al Gobierno a través de un Real Decreto, que también tiene valor de ley reglamentaria. Sin embargo, el Gobierno debe contar con la autorización expresa del Congreso de los Diputados, que puede establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga[5]. De ahí que esta autorización no sea (o, al menos, no sólo) una medida de control político, pues, como veremos más adelante, la voluntad del Congreso coincide con la del Gobierno para decidir sobre la conveniencia o no de la prórroga, así como sobre «el alcance y las condiciones» vigentes durante el estado de alarma prorrogado.
VIDEO 1: LA AVUTARDA
La Junta de Extremadura ha concedido la Medalla de Extremadura al sector del frío y la climatización, como actividades esenciales durante el estado de alarma. Este reconocimiento está dirigido a los «trabajadores esenciales durante el estado de alarma», que no han parado en ningún momento, en este caso, de asegurar la cadena de frío en servicios como la alimentación, los hospitales o las telecomunicaciones, entre otros.
El sector del frío y la climatización en España impacta en más del 50% del PIB español a través de sectores que son motores de la economía como el horeca, la alimentación, las telecomunicaciones o la sanidad, entre otros. El sector emplea a más de 20.000 profesionales, que desarrollan su trabajo en un entorno diversificado y con gran potencial de desarrollo. Se trata de un grupo de profesionales que ha demostrado durante el Estado de Alarma el gran valor socioeconómico de la industria del frío en su conjunto.
AEFYT ha sido una de las asociaciones que ha apoyado esta iniciativa junto a otras organizaciones del sector del frío como Asofrío, CNI, AFEC y FECE; asociaciones de usuarios del frío, como ASEDAS y ACES; y de empresas como Friex, Mitsubishi, Tewis y Pecomark; además de un buen número de empresas e instituciones regionales.
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La declaración responde a la solicitud de 10 Comunidades Autónomas (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Valencia, Castilla la Mancha, Baleares) y la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del Gobierno de España.
Los presidentes autonómicos serán responsables de la aplicación de las medidas de este decreto en sus respectivos territorios y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este decreto en función de su situación.
Se establece una prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23:00 y las 6:00 horas, pudiendo cada comunidad autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 24:00 horas y su finalización entre las 5:00 y las 7:00 horas. Su aplicación será para todo el territorio nacional a excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, por su mejor situación epidemiológica.
Las Comunidades Autónomas se basarán en los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de contagios, a la capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y vulnerabilidad de la población.